Nueva huelga magisterial afectará el derecho a la educación de de casi 6 millones de estudiantes

Ante el anuncio de una huelga magisterial indefinida a partir del 18 de
junio del presente año, efectuado por las bases regionales del SUTEP, la
Defensoría del Pueblo manifiesta que esta medida afectará el derecho a
la educación de aproximadamente 6 millones de estudiantes de
instituciones educativas públicas en todo el país.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la huelga del año pasado supuso la
pérdida de 30 días de clases, es decir 214 horas efectivas, además de la
suspensión de la Evaluación Censal de Estudiantes 2017 que evalúa los
logros de los aprendizajes en cada escuela.

En las visitas de supervisión, realizadas para verificar la recuperación
de clases, se evidenció que en una cuarta parte de las escuelas
visitadas faltaban docentes. Además, algunos gobiernos regionales no
supervisaron dicho proceso de recuperación, ni brindaron la debida
orientación a los padres y madres de familia.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de
implementar el Padrón Nacional de Docentes Alternos, contemplado desde
el año 2007 en la Ley que declara la Educación Básica Regular como
Servicio Público Esencial, y que tiene como objetivo central evitar que
los alumnos y alumnas pierdan horas de clase, lo cual vulnera su derecho
fundamental a la educación. Dicho padrón es un registro de profesionales
aptos para prestar el servicio educativo en caso de paralización de
labores del personal directivo, jerárquico, docente, auxiliar de
educación, administrativo y de servicio.

La Defensoría del Pueblo advierte que la afectación del derecho a la
educación a causa de una huelga se torna irreparable e impacta
directamente en los logros de aprendizaje, razón por la cual las
autoridades educativas, el personal docente y la sociedad en su conjunto
tienen el deber de fomentar el diálogo y cualquier otro medio de
resolución de conflictos que evite la paralización de clases.

En salvaguarda de los derechos de millones de escolares, se invoca al
Ministerio de Educación y quienes tienen representatividad institucional
formal y material en el magisterio a privilegiar la solución de las
controversias sin interrupción de las labores educativas.

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